(Agrolegal) Hace veinticinco años, el sector agrario era el “patito feo” de la economía en el país; su contribución al PBI era exigua, merced a las calamitosas políticas ejecutadas por todos los gobiernos, las que se contentaron en disfrazar con subsidios y sobretasas de todas las dimensiones, para que no se sientan los rigores de la caída abrupta de la producción agrícola. Invertir en el agro hasta entonces era hacerse el harakiri, condenarse al fracaso y a remar contra la corriente de un Estado que hacía convulsionar a toda la economía pero más a la agrícola en donde estaba concentrada más de la mitad de la población del país.

El panorama cambió en la década del 90, en buena medida por la adopción de políticas económicas de mercado, que de manera lenta, pero -inexorablemente- se fueron aboliendo los subsidios, los controles de cambios, instaurándose una política fiscal disciplinada y disminuyendo agresivamente las sobretasas de aranceles, cambios que fueron fundamentales para que a partir del año 2000, con la promulgación de la Ley 27360 se instaurara una serie de beneficios en materia de aspectos laborales, de seguridad social y tributarios que permitieron fortalecer y dinamizar al sector agrario, a tal punto que a la fecha nuestras agro exportaciones se han multiplicado por ocho veces al nivel que teníamos en el año 2000, pasando de los US$ 700 millones de dólares hasta los US$ 6,000 millones de dólares.

Si bien, los peruanos que viven del agro ya no constituyen la mitad de la población, ahora el país ve en el sector agrario no solo una posibilidad, sino una realidad maciza y clave en la economía del país. De ser el patito feo, podríamos ser el dragón que le permita al país continuar expandiéndose y creciendo en sus niveles de producción y dinamizar el crecimiento en todos los demás sectores de la economía.

Para asegurar e impulsar este despegue, es necesario que todas las empresas, sin distinciones de su envergadura y rentabilidad y todos los profesionales, empleados y obreros del sector agrario, sean perfectamente conscientes de su actual situación, que ya no es la de antes y que por lo tanto; se requiere de todos un rol más activo y agresivo empresarialmente, convencidos de que el desarrollo del sector depende en gran medida de lo que hagamos, pues las reglas de juego ya están dadas y lo que toca es saber defenderlas y perfeccionarlas.

El mundo agrario a nivel empresarial en el Perú ha dejado de empobrecerse y lo que toca ahora es iniciar su proceso de enriquecimiento. La ebullición de contratos, negocios, saneamientos de tierras, uso del agua, venta o alquiler de maquinarias, seguros, préstamos, bancarización y otros, deben multiplicarse más que en ningún otro sector y eso permitirá el crecimiento de todas las empresas, cooperativas, asociaciones, consorcios que se han establecido en el país y atraerá el interés para que muchísimas más empresas ingresen al mercado agrario.

En ese desafío, nuestra firma de abogados (Galvez Monteagudo) tiene diversas herramientas que ofrecer para apoyar e impulsar las actividades de los hombres de las empresas dedicadas a los negocios agrarios mediante nuestros especialistas de Derecho Corporativo Agrario y Derecho Inmobiliario Agrario, quienes se ocuparán de resolver los problemas del pequeño, mediano y gran empresario agrario en sus relaciones con proveedores, con la competencia interna y externa, con el Estado y a resolver los problemas de titulación de predios o tierras agrícolas tanto de los empresarios como de las Comunidades Campesinas y Nativas en la mira de que tengan acceso al crédito, a la seguridad social y a la propiedad.

La prosperidad del sector agrícola es nuestro norte profesional y hacia ella derivaremos nuestro conocimiento y esfuerzo.

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